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La Experiencia Argentina |
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Las sociedades que emergen de períodos de violencia política caracterizada por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, se ven ante la difícil tarea de confrontar su pasado mientras trabajan para prevenir que dichos abusos se repitan. Durante los años 70' los países de Sudamérica, particularmente Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, fueron sacudidos por períodos de intensa violencia y represión. Durante el transcurso de dicha década se cometieron severas y extensas violaciones a los derechos humanos, principalmente por el Estado bajo el control de gobiernos militares.
Al comienzo de los 80' estos mismos países retornaron a democracia. El rol de la justicia, que fue extremadamente limitado o cómplice con los regímenes anteriores, fue cuestionado y en algunos casos, redefinido. Se vió claramente que la necesidad de mejorar la administración de justicia era crucial para reforzar las nuevas democracias. Con el proceso de democratización, se hizo evidente la inminente necesidad de investigar las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Sin embargo, aún cuando en algunos países estas investigaciones culminaron en la condena a los culpables, en otros, diferentes decretos de amnistía permitieron a los responsables eludir sus condenas. De todas maneras, las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos continua en la mayoría de los paises de América del Sur.
Argentina volvió a la democracia en diciembre de 1983. El nuevo presidente electo Dr. Raúl Alfonsín, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas (CONADEP). La Comisión recibió denuncias sobre la desaparición de aproximadamente 10.000 personas en manos de las fuerzas armadas o de seguridad durante el último régimen militar (1976-1983). Cabe señalar que organizaciones argentinas de derechos humanos consideran que el número de las desaparecidos es significantemente más alto.
En Argentina, los desaparecidos eran secuestrados y generalmente llevados a un centro clandestino de detención (CCD) donde eran interrogados bajo tortura por varias semanas o meses antes de ser liberados, detenidos como prisioneros "legales" o ejecutados extra-judicialmente. La mayoría de las desapariciones ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno militar (1976-1978). Las víctimas de algunos CCDs eran arrojadas, atadas y sedadas, desde aviones militares en el mar argentino; otros CCD ultilizaban los cementerios municipales de todo el país para enterrar a los desaparecidos en tumbas anónimas, como N.N. (ningún nombre). En este último caso, al poco tiempo de ser asesinados, los cuerpos de las personas desaparecidas eran generalmente depositados en lugares públicos y una llamada "anónima" alertaba a las autoridades de la comisaría local. La policía, a veces acompañada por jueces locales, se desplazaba al lugar señalado en la llamada telefónica para recuperar los cuerpos. Antes de ser enterrados anónimamente en el cementerio local, los cuerpos eran frecuentemente fotografiados, se tomaban huellas dactilares de las manos, y médicos forenses de la policía o del poder judicial realizaban un exámen externo de cada cadáver o una autopsia. Estos profesionales firmaban el certificado de defunción para cada uno de los muertos y el registro civil local proveía el certificado de inhumación. La existencia de todos estos documentos sobre la suerte corrida por los cuerpos de los desaparecidos es particularmente llamativa si se considera la total clandestinidad en la que se realizó la desaparición de personas. Estos registros, actualmente usados en las investigaciones del EAAF, han sido vitales para la identificación de víctimas. (Sección Argentina.)
En 1984, durante los primeros meses de la democracia, varios jueces empezaron a ordenar exhumaciones en cementerios en donde se conocía la existencia de enterramientos de personas desaparecidas. Familiares de personas desaparecidas asistían a estas exhumaciones en la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos. Pero, estas exhumaciones fueron conflictivas en varios sentidos. En primer lugar, los médicos oficiales a cargo del trabajo tenían poca experiencia en la exhumación y análisis de restos óseos; en su práctica profesional trabajan habitualmente sólo con cadáveres. En los casos de desaparecidos, estas primeras exhumaciones fueron llevadas a cabo por trabajadores del cementerio de una manera completamente a-científica. En particular, cuando se usaron palas mecánicas, una parte importante de los huesos que forman el esqueleto se rompieron, se perdieron, o se dejaron en la fosa; tambi&eactuen, se mezclaron los restos de distintos individuos. Lo mismo sucedió con la evidencia asociada a los restos tales como proyectiles de arma de fuego, efectos personales, etc. Como resultado, se destruyeron parte de los elementos necesarios no sólo para identificar los restos, sino también para apoyar los procesos legales contra los responsables de estos crímenes. Además, algunos de los médicos forenses habían sido ellos mismos cómplices de los crímenes del régimen anterior, ya sea por omisión o comisión. En Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los expertos forenses son parte de la policía y/o el sistema judicial. Por lo tanto, durante períodos no democráticos su independencia se ve severamente limitada. Por todas estas razones, fue necesario encontrar una alternativa científica a estos procedimientos.
